2005, un año marcado por la tensión social

*Por Eugenia Alvarez

En el mes de enero de 2005, hacía 15 meses que el presidente Carlos Mesa estaba en el poder. A pesar de no contar con una agrupación política que lo apoyara, había cumplido con el compromiso de convocar a un referendo sobre cómo utilizar las reservas de gas(julio de 2004). Aún estaba prevista la formación de una asamblea constituyente y la nueva ley de hidrocarburos. Pero los primeros días del año no trajeron la tranquilidad esperada.

Una serie de protestas paralizaron la ciudad de Santa Cruz y movilizaron a otras localidades en rechazo a un aumento del precio de los combustibles(gasolinas, 10%, diesel 23%). El paro, convocado por el Comité Pro Santa Cruz, se sumaba a otro liderado por la FEJUVE de El Alto que exigía la rescisión del contrato de la empresa proveedora de agua potable, Aguas del Illimani, filial de la francesa Lyonnaise del grupo Suez. En La Paz, al mismo tiempo, una marcha con cortes de calles pedía el retiro de la empresa concesionaria del servicio eléctrico, Electropaz, y de la Telecom Italiana a cargo de los servicios de comunicaciones.

Para aumentar la tensión que se vivía en el país, hacia fines de mes, 150.000 personas en Santa Cruz exigieron la implantación de un régimen de autonomías provinciales que terminara con el sistema centralista y unitario que no permite la elección directa de los prefectos, gobernadores, ni la creación de autonomías. Este departamento es el pulmón económico del país por sus riquezas naturales tanto en el campo de la agricultura como en el de hidrocarburos y minería.

Con la autonomía pretende garantizar el manejo de sus recursos y la elección de sus autoridades. Los movimientos sociales del occidente se oponen a esto porque temen una eventual desintegración de Bolivia. Ante estas protestas, el gobierno rescindió el contrato de la francesa Aguas del Illimani y convocó por decreto a elecciones para prefectos el 12 de junio.

Pero, en el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití, la situación no hacía más que complicarse. Durante el mes de febrero el presidente Mesa modificó por tercera vez su gabinete y presenció nuevos bloqueos de rutas. Una marcha colapsaba el tránsito en Cochabamba. Además, Los cocaleros del Chapare cortaban la carretera entre esa ciudad y Santa Cruz en reclamo de la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos y el llamado a una asamblea constituyente.

Acorralado y presionado por esto y por el pedido de autonomía de Santa Cruz, Carlos Mesa presentó el 6 de marzo su renuncia. Sin embargo, el Congreso rechazó la decisión del mandatario, que creyó salir fortificado debido a esta situación.

Una de las razones que había presentado Mesa era el anuncio del diputado y líder indígena Evo Morales de bloquear rutas y caminos para lograr una ley de hidrocarburos considerada inadecuada por el gobierno. La ley exigida por el MAS incluía el aumento de las regalías pagadas por las empresas extranjeras para la explotación de los recursos hidrocarburíferos del 18 % a un 50%, además de impuestos ya existentes.

El país del altiplano, siempre se ha vinculado con el mercado exterior como país exportador de materias primas(plata, estaño, gas). Pero, pese a esto, nunca se ha mejorado la situación de los pobres ni se ha permitido la modernización. Bolivia es la segunda reserva de gas natural del continente, después de Venezuela, pero menos del 1% de su población tiene acceso domiciliario al gas.

Con este contexto y el aumento de la presión ejercida por Morales y distintos movimientos sociales, Mesa pidió el adelantamiento de las elecciones para presidente y vicepresidente para el 28 de agosto, en lugar de realizarse en el año 2007, como estaba previsto. Pero el Congreso de la Nación decidió nuevamente rechazar la iniciativa del mandatario. Y, al poco tiempo, la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de hidrocarburos que creó un impuesto del 32% y se mantuvo las regalías en 18%.

La ley, remitida a Mesa para su promulgación, veto u observación, fue rechazada por los movimientos sociales y las petroleras. El indígena Evo Morales y los cocaleros la repudiaron porque aseguraban que las multinacionales jamás pagaban impuestos. Por eso exigen que el 50 % sea de pago directo en boca de pozo. Los movimientos sociales más radicalizados, la COB, la COR y la FEJUVE de El Alto, por otro lado, reclamaron la nacionalización de los hidrocarburos. El departamento de Tarija, por su parte, pedía que la sede de Yacimientos Petrolíferos Fiscales

El 13 de mayo el presidente Carlos Mesa devolvió la ley al Congreso sin vetarla ni promulgarla y llamó a un encuentro "por la unidad de Bolivia" para discutir un nuevo proyecto. Ante la negativa de los invitados, la reunión fracasó. Evo Morales, en tanto, lideró una marcha de una semana para pedir que el Parlamento revise la ley de hidrocarburos y eleve de 18 a 50 la regalías. Posición más radical asumieron los miembros de la FEJUVE Y la COR de El Alto y la COB, que marcharon para pedir la nacionalización de los hidrocarburos, la expulsión de las empresas petroleras, el cierre del Congreso y la salida de Mesa del poder.

A las protestas se sumaron los docentes y mineros, que al pedido de nacionalización agregaron sus reclamos sectoriales. Los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija, por otra parte, exigieron al gobierno la realización de un referéndum sobre autonomías. Mientras tanto, el Congreso permaneció cerrado.

El 23 de mayo, cinco días después de que el Congreso promulgase definitivamente la nueva ley de hidrocarburos, se inició la segunda semana de protestas. Mientras que los grupos continuaban con su pedido de nacionalización del gas y la convocatoria a la asamblea constituyente, las multinacionales anunciaron que congelarían sus inversiones y llevarían a cabo querellas contra la ley. En el medio de la lucha, las diferencias entre los grupos se hacían evidentes. Los dirigentes de El Alto y la COB acusaron a Morales de ser moderado, de no querer echar al presidente y de sólo pedir que el Estado se quede con el 50% de las ganancias. El líder cocalero, por su parte, criticó al dirigente de la COB, Jaime Solares, por haber asegurado que Bolivia necesitaba un gobierno militar nacionalista.

La tercera semana de manifestaciones se inició con la protesta más multitudinaria registrada en los 18 meses de gobierno de Mesa y la reapertura del Parlamento. A los reclamos del MAS, la COB, La COR Y la FEJUVE se agregaron los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que esperaron que el Congreso aceptara sus reclamos de realizar un referéndum sobre su autonomía. Presionado por la situación, Mesa convocó a la elección para asambleístas constituyentes y a un referendo vinculante sobre autonomías regionales para el 16 de octubre.

Los movimientos sociales calificaron de ilegal la propuesta y continuaron con sus medidas de presión. Los dirigentes de Santa Cruz rechazaron la convocatoria y anunciaron que harían su propia consulta en agosto. El 6 de junio, cuando estaba prevista una movilización que liderarían todos los grupos, Carlos Mesa renunció definitivamente a la presidencia. Ante esto, los movimientos sociales radicalizaron sus pedidos y aseguraron que no dejarían que ni el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, ni el titular de la cámara de Senadores, Mario Cossio, vinculados al ex presidente Sánchez de Lozada, asumieran la presidencia. Tres días más tarde y en respuesta a lo pedido por los grupos, el tercero en la sucesión presidencial, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, ocupó de manera transitoria el cargo.

Tras cuatro semanas de protestas, Bolivia había quedado aislada por los cortes de rutas. Escaseaban los alimentos y el combustible, y ningún transporte transitaba por las calles de las distintas ciudades. Días después, el Congreso llegó a un acuerdo y la calma intentó adueñarse del país del altiplano. Se realizarían elecciones generales, presidenciales y legislativas el 4 diciembre. También se elegiría por voto directo a los prefectos de los nueve departamentos. En el arreglo además se estableció que se debería llamar a un referéndum sobre autonomías regionales y convocar a una asamblea constituyente en el 2006. Este acuerdo respondió a los pedidos de los movimientos que exigían que se renovara también el parlamento.

A cuatro meses de las elecciones, las encuestas señalan que el principal favorito es el ex presidente y neoliberal Jorge Quiroga con un 22% de los votos. A él le sigue el empresario Samuel Doria Medina, con un 16 % y el líder cocalero, Evo Morales, con un 15 %. En cuanto a la posición a tomar por los movimientos sociales, la FEJUVE y la COR de El Alto apoyarían a la fórmula del MAS, mientras que la COB y Felipe Quispe de la CSUTCB se negarían a hacerlo.

En Bolivia, un país mayormente indígena, el gobierno siempre estuvo en manos de una minoría blanca que no procuró que el excedente de los recursos naturales beneficiara a la mayoría de la población. Esta situación aumentó la desigual distribución de la riqueza y la división entre el occidente, indígena y empobrecido y el oriente, blanco y rico en recursos económicos. Pero, a casi veinticinco años de la llegada de la democracia, el descontento ha encontrado una voz que hace oír su reclamo. Los movimientos sociales bolivianos, con sus semejanzas y diferencias, son la esperanza de una población que quiere convertirse, por primera vez, en dueña de las tierras que forman su país.

*Estudiante de segundo año de periodismo de TEA y de cuarto año de Ciencias de la Comunicación en la UBA.